Atendiendo a su sentido crítico, reflexivo y de responsabilidad social, la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), a través de la Dirección de Obras de la Secretaría Administrativa, organizó la Mesa de Análisis “Iniciativas de Ley de Aguas de Querétaro” con especialistas y ambientalistas locales.
En este espacio, se dialogó sobre las dos iniciativas de Ley de Aguas para el Estado de Querétaro que el pasado 31 de marzo los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN) y Querétaro Independiente (QI), así como del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentaron en Oficialía de Partes del Congreso local.
El evento se realizó bajo cinco ejes principales: Derecho Humano al Agua, Modelo de Abastecimiento, Gestión Integrada, Derecho Humano al Saneamiento y Gobernanza.
En este marco, la rectora de la Máxima Casa de Estudios de la entidad, Dra. Teresa García Gasca, señaló que México y Querétaro tienen una crisis hídrica importante y es en la actualidad cuando se debe insistir en que se tomen las mejores decisiones al respecto. Es por ello que -afirmó- preocupan estas iniciativas de ley.
“Se han discutido de manera informal estas iniciativas de Ley de Aguas en el estado de Querétaro, pero desde la Universidad consideramos que es un tema tan importante que debe ser abordado a través del diálogo. Debemos poner sobre la mesa todos los puntos y, desde luego, todos los argumentos y fundamentos científicos y sociales que lleven a tomar las mejores decisiones”, manifestó.
Tras el análisis de las y los participantes, la Rectora concluyó que ninguna de las dos iniciativas presentadas ante la Legislatura cumple con las expectativas de las y los queretanos. Subrayó que se debe trabajar de forma participativa, no únicamente desde el Congreso, sino que es indispensable que haya parlamentos abiertos y se permita que las voces expertas de la academia, la sociedad civil y el activismo participen de la mano de las y los diputados.
Por su parte, el Dr. Omar Chávez Alegría, director de Obras, refirió que existe una impetuosa crisis hídrica global, caracterizada por escasez, reparto inequitativo y contaminación, siendo que la viabilidad de las ciudades y sus formas de vida en el mundo dependen de la manera en que a nivel local cada comunidad afronta los retos para el manejo sustentable del agua, por lo que -señaló- las iniciativas antes mencionadas deben ser analizadas y reflexionadas por toda la sociedad queretana.
“Sabemos que todas y todos los participantes tenemos esa capacidad de respetar las ideas de los demás por lo que esperamos que las propuestas aquí discutidas puedan ser consideradas para una ley más adaptada a nuestra realidad y pensando en una visión a futuro, basado en conocimiento técnico e investigación desarrollada y acumulada no únicamente por nuestra Alma Máter, sino por todos los centros y universidades del estado y adaptado al marco jurídico de nuestras leyes mexicanas”, expresó.
En su intervención, el Dr. Genaro García Guzmán, docente investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de la UAQ, aseguró que «concesión» es igual a «privatización», ya que esta figura jurídica incluye la participación de agentes privados con fines de lucro en la prestación de servicios directa o indirectamente relacionados con el abastecimiento de agua potable y drenaje. Refirió que estas iniciativas no solamente quieren regularizar las concesiones ya existentes -22 detectadas en la zona metropolitana de Querétaro, de las cuales el 70 por ciento fueron otorgadas entre los años 2017 y 2019-, si no que buscan consolidar el avance de este modelo.
La Lic. María de Jesús Ibarra, ambientalista, coincidió en que, al leer estas iniciativas, se puede advertir que tratan de formalizar la entrega de las concesiones de agua a personas físicas o morales privadas, pues la mayoría de sus artículos se dedican a regular las concesiones.
La Dra. Claudia Romero Herrera, investigadora de la Facultad de Filosofía de la Universidad y coordinadora de Asuntos Jurídicos de Bajo Tierra Museo del Agua, alertó sobre el riesgo de la exclusión de ciertas comunidades en el ejercicio de sus derechos, al imperar en las iniciativas el ánimo de lucro. Destacó el derecho al saneamiento y aclaró que dar agua a particulares para abastecimento no es facultad del entidades locales, pues la extracción de agua del subsuelo y su distribución solamente lo puede regular la Comisión Nacional de Agua (Conagua). Apuntó que hay una controversia en la jerarquía de las leyes, y subrayó como importante que una de las obligaciones que implica el permiso de extracción de agua es hacerse cargo de su saneamiento, mientras que uno de los vacíos de las concesiones que se han otorgado es que nadie se está haciendo cargo del agua residual, lo que podría incluso servir para revocarlas.
El Dr. Raúl Francisco Pineda López, docente Investigador de la Facultad de Ciencias Naturales (FCN) de esta Casa de Estudios, resaltó que, además del derecho humano al agua, existe el derecho humano a un ambiente sano, e indicó que las dos iniciativas están descontextualizadas respecto a lo que sucede en Querétaro, tanto que no presentan datos o información relevante de lo que sucede en el estado. Hizo hincapié en el ciclo socio-hídrico para incluir a las personas en este proceso y encontrar un equilibrio hacia el futuro con nuevos modelos y paradigmas de mayor justicia hídrica, en un contexto en donde se debe tomar en cuenta el cambio climático y el manejo de las cuencas.
El Mtro. Henry Miller, director de El Maíz Más Pequeño A.C., afirmó que se debe hablar de una perspectiva integral del manejo del agua desde una perspectiva territorial y de cuencas.
La Mtra. Pamela Siurob Carbajal, defensora ambiental, respecto a las dos iniciativas, aseveró que no son una ley de aguas en un sentido estricto. Sobre los contaminantes, señaló que se menciona que las concesiones podrán hacer tratamiento y filtración al subsuelo, lo que consideró sumamente grave porque no se mencionan calidades, cuando en la Ley Nacional del Aguas se señalan las condiciones para ello.
La Dra. Joyce Teresa Valdovinos Ortega, investigadora del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial (CentroGeo) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), señaló que sin penalizaciones el socio privado hará el mínimo y que en México hace falta experiencia para negociar contratos e incluir clausulas de fuerza mayor por todos los escenarios emergentes que el cambio climático va a imponer.
La Dra. Dora Carreón Freyre, investigadora del Centro de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) campus Juriquilla, aseveró que la ley debería de tener un sistema de monitoreo que permita cuantificar el recurso, que indique hasta qué punto se puede seguir sacando agua subterránea con la que, además, ya no se cuenta: «es increíble que sea mucho más caro un metro cúbico de agua tratada que el agua que sacamos de 200 metros de profundidad».
Mientras tanto, la Esp. Laura Andrea Tovar Saavedra, diputada local, agradeció la realización de este foro, así como la información y los puntos de vista vertidos en esta mesa, ya que, al final del día, serán las y los diputados quienes tendrán que discutir la ley en tribuna.
Se espera que esta mesa sea la premisa para la realización de más ejercicios en los que, dentro del marco jurídico adecuado, se invite al público en general y se puedan considerar experiencias, conocimiento y leyes asociadas, para dar acompañamiento a una ley que incluya las voces de las y los actores en el tema del manejo sustentable del agua.
